El día 1 de marzo se ha publicado la nueva Ley 1/2010 del Comercio minorista (BOE – PDF), la cual introduce diversas modificaciones en aspectos como el establecimiento comercial, la solicitud de licencias, el registro de ventas a distancia entre otras.
La nueva ley modifica la regulación del comercio minorista para adaptarla a lo establecido por la Ley Omnibus, encargada de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.
La modificación legislativa persigue incrementar el valor que genera la distribución comercial mediante la liberalización en la prestación de los servicios y la supresión de cargas para las empresas.

Los apartados más importantes a tener en cuenta son los siguientes:



  1. Se establece la libertad de establecimiento como principio general eliminando la obligatoriedad de la licencia comercial. Esta licencia, desaparece en nombre dado que se sustituye por una autorización indefinida. Esta autorización deberá ser proporcional y objetiva motivando la administración las razones que le impulsen en cada caso a su establecimiento.
  2. Se eliminan los criterios económicos restrictivos como razón de la competencia. Esto genera que la concesión de autorizaciones se supeditan a los criterios económicos fijados por las propias administraciones, dejando a un lado criterios proteccionistas. En esta eliminación se eliminan las restricciones de metros cuadrados para superficies comerciales.
  3. Las grandes superficies y centros comerciales de gran tamaño, sólo deberán contar con informes urbanísticos y de impacto medioambiental para llevar a cabo su establecimiento sin limitación de cualquier otro tipo.
  4. El procedimiento de autorización comercial, lo cursarán las Comunides Autonomas agrupando todas las solicitudes en un solo paso. Además se les transfiere plena potestad en materia sancionadora y en aspectos de protección al consumidor. Implica que tenemos 17 reglamentos distintos para llevar a cabo la venta comercial.
  5. En la venta ambulante se limita la duración de las autorizaciones para garantizar la rotación de los competidores debido a la escasez de suelo disponible, garantizando en cualquier caso a los comerciantes ambulantes la amortización de sus inversiones.
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